CIBanco interpuso una demanda este 17 de agosto contra el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ante la Corte Federal del Distrito de Columbia luego de las acusaciones en su contra por presuntos nexos con organizaciones criminales.
En junio pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, junto con Intercam y Vector, por supuestamente facilitar el lavado de dinero de cárteles mexicanos, entre los que se mencionó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
La institución bancaria negó las acusaciones, entre las que destaca el haber facilitado la creación de cuentas bancarias para miembros de cárteles mediante las cuales se pudieron lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, y acusó que se violaron tanto la Ley de Procedimientos Administrativos como el debido proceso establecido en la Quinta Enmienda de Constitución de los Estados Unidos: “Sin una corrección inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del banco”.
CIBanco registró la caída de sus activos en 11.3%, pasando de 140 mil 184 millones de pesos a 124 mil 269 millones de pesos. Asimismo, se registró la caída de 25% en su captación de fondos. Con la orden del Departamento de Tesoro que obliga a instituciones financieras de Estados Unidos a cortar sus operaciones con CIBanco, la cual entrará en vigor el 4 de septiembre, se dejarán inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses legítimos, tales como pensiones, inversiones, de empresas y ciudadanos.
La institución bancaria señaló que esta medida fue tomada sin previo aviso ni oportunidad completa de defensa, además de señalar que las acusaciones son “tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”.
“En los próximos días, CIBanco S.A., Institución De Banca Múltiple dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides”, se lee en el documento de 37 páginas.