En una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal concretó el traslado de 26 generadores de violencia a Estados Unidos, quienes se encontraban recluidos en cinco centros estatales y cuatro penales federales. Esta acción se suma a los 29 internos enviados previamente a ese país.
García Harfuch explicó que la decisión se tomó por interés nacional y protección de los ciudadanos, ya que varios de los detenidos continuaban dirigiendo operaciones criminales desde prisión, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios. Asimismo, muchos de ellos habían solicitado amparos para permanecer en penales de baja seguridad y buscaban su liberación anticipada mediante litigios.
El secretario destacó que los traslados fueron resultado de un operativo coordinado que involucró a 988 elementos y 90 vehículos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República. Las movilizaciones se realizaron en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Secretaría de Marina.
Los internos fueron trasladados a diferentes destinos en Estados Unidos: ocho a White Plains, Nueva York; uno a John F. Kennedy, Nueva York; cinco a San Diego, California; seis a Phoenix, Arizona; y seis a Dulles, Virginia. García Harfuch enfatizó que no se aplicará pena de muerte para ninguno de los trasladados.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el traslado se realizó dentro de un marco jurídico sólido. Citó la Ley de Seguridad Nacional de 2005, que en su artículo 5 establece las premisas necesarias para actuar en casos de este tipo, así como el artículo 89 de la Constitución y bases internacionales como la Convención de Palermo, lo que respalda la soberanía y la protección de las instituciones y ciudadanos.
Las autoridades señalaron que esta medida busca interrumpir las operaciones criminales desde los penales, garantizar la seguridad de la población y fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, reafirmando el compromiso del gobierno mexicano con la legalidad y el estado de derecho.