La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con las secretarías de Agricultura, Economía y Trabajo, lanzaron la convocatoria para que tortillerías de todo el país se integren al Acuerdo Nacional Maíz‑Tortilla.
Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta una iniciativa voluntaria impulsada por el Gobierno Federal que tiene como propósito principal frenar el aumento en el precio de la tortilla y, posteriormente, lograr una disminución de al menos 5 % en los próximos seis meses, con la meta de alcanzar hasta un 10 % hacia el final de su administración.
La mandataria explicó que el plan se enfoca primero en evitar nuevos incrementos y después en impulsar una baja gradual, apoyándose en una estrategia que promueve la relación directa entre productores de maíz y tortillerías, con la intención de reducir los costos generados por intermediarios.
Al respecto, Sheinbaum remarcó que se trata de un esfuerzo concertado, no impositivo: “Es un acuerdo voluntario, no establece un precio fijo porque planteamos que va a disminuir, mantener primero que no aumente y después disminuir el precio de la tortilla, aunque sea un 5 %”. Añadió que este mecanismo no implica apoyos económicos directos, sino que busca eliminar obstáculos administrativos para facilitar la incorporación de los participantes al programa: “Porque estamos juntando al productor con el comercializador”.
Dentro del acuerdo se contempla el acceso a un estimado de 25 mil toneladas de maíz blanco a un precio preferencial cercano a los 6 mil pesos por tonelada, así como descuentos en la harina nixtamalizada y acceso a créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), destinados a la modernización y el fortalecimiento operativo de las tortillerías.
Aquellos establecimientos que se sumen podrán ser incluidos en un directorio nacional de puntos de venta a precio justo, recibir un distintivo oficial y participar en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como sedes de capacitación. Todo el esquema estará bajo la coordinación de las secretarías de Agricultura, Economía, Trabajo y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual se encargará de supervisar que se cumplan las condiciones establecidas y de verificar que los procesos de venta y las básculas funcionen de manera adecuada.