Ante el creciente número de denuncias por agresiones con objetos punzocortantes para introducir sustancias —conocidas popularmente como “pinchazos”— en espacios públicos y el Metro de la Ciudad de México, el Congreso local aprobó una serie de reformas para tipificar esta práctica como delito.
La modificación legal fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), y dictaminada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA). Con la aprobación, se incorpora el artículo 141 Quáter al Código Penal local.
Esta nueva disposición sanciona con penas de dos a cinco años de prisión y multas de 50 a 300 días a quien administre o aplique cualquier tipo de sustancia sin el consentimiento de la persona, ya sea por medios engañosos o encubiertos. Además, si se trata de sustancias tóxicas, narcóticas o psicoactivas; si la víctima pertenece a un grupo vulnerable; si los hechos ocurren en transporte público; o si el ataque pone en riesgo la vida o está ligado a otros delitos, las penas podrán incrementarse hasta en un 50%.
La iniciativa responde a los múltiples casos reportados por mujeres en transporte y espacios públicos, quienes tras recibir un pinchazo experimentaron síntomas como desorientación, náuseas y mareo. Aunque al principio se pensó que podría tratarse de información imprecisa, el tema fue retomado como una urgencia por representantes de distintas bancadas.
La diputada Xóchitl Bravo (MORENA) explicó que hay más de 5 mil 800 elementos de seguridad desplegados en el transporte público y que se han establecido protocolos de atención médica, legal y psicológica para las víctimas.
Con esta reforma, la Ciudad de México se convierte en la primera urbe del país y de América Latina en sancionar específicamente esta modalidad de agresión.
