El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha denunciado públicamente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por la construcción y operación ilegal de una presa, cinco represas y pozos en un rancho de su propiedad.
El caso fue presentado durante la Mañanera del Pueblo de hoy, donde la presidenta Sheinbaum anunció que en la propiedad conocida como “El Saucito” se encontraron las construcciones acuíferas edificadas sin autorización oficial y destinados a desviar y almacenar ilegalmente aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua para beneficio personal, razón por la que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un operativo en el rancho, donde halló la infraestructura hidráulica ilegal. De acuerdo con Efraín Morales, director de Conagua, estas obras permitían el acopio de un volumen significativo de agua en un estado que padece sequías crónicas y donde la escasez ha afectado gravemente al sector agrícola, acto que calificó como lastimoso. Por si fuera poco, parte del agua almacenada proviene de la cuenca que forma parte del Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, lo que podría agravar el caso.
Tras la inspección, la autoridad federal determinó la demolición de las presas y represas ilegales. Las acciones incluyeron el uso de maquinaria pesada y explosivos para garantizar la restitución del flujo natural del agua. Al respecto, la presidenta informó que, tras el inicio de los trabajos de demolición de las presas ilegales, una jueza federal en Chihuahua, Madi Estrada, otorgó en menos de 24 horas una suspensión provisional de estos trabajos, como parte de un juicio de amparo promovido por Duarte. Esta jueza es la misma que, en 2023, impidió la distribución de libros de texto gratuitos en el estado.
La presidenta Sheinbaum subrayó la gravedad del caso, al tratarse de una apropiación privada de un recurso nacional en una zona con alta vulnerabilidad hídrica, y denunció la colusión de otras autoridades que permitieron esta ilegalidad:
“Recuerden que, cuando entró el Presidente López Obrador, se quemó un piso de la Conagua, donde estaban todos los archivos de las concesiones, casualmente […] Porque el agua para riego no tiene costo, no tiene pago de derechos, pero si esa agua que no tiene pago de derechos se está utilizando en un desarrollo habitacional y ese desarrollo habitacional sí paga agua, entonces ¿a quién se le está pagando?”
Por su parte, el director de la CONAGUA aseguró que seguirán todos los procedimientos legales necesarios: “vamos a seguir garantizando, en primer lugar, el derecho humano al agua y evitando que se cometan cualquier tipo de ilegalidades para el uso del agua y también en este proceso que estamos llevando a cabo de ordenamiento de las concesiones”, afirmó.