El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se registraron 193 resoluciones judiciales que beneficiaron a presuntos delincuentes, incluyendo liberaciones, traslados y egresos definitivos, de estas, 164 fueron egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que implicó la liberación de más de 100 personas privadas de la libertad por delitos de alto impacto, algunas vinculadas a grupos como el Cártel de Sinaloa, CJNG, Zetas y otros.
Harfuch destacó casos específicos, como el juez Enrique Hernández Miranda, responsable de 58 resoluciones de egreso, y al juez Gregorio Salazar Hernández, quien facilitó beneficios a líderes criminales, incluyendo bloqueos reiterados a extradiciones solicitadas por Estados Unidos, por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció la existencia de un acuerdo interno en el Poder Judicial que impide a la Fiscalía proceder contra jueces, magistrados o ministros sin la autorización del propio órgano judicial.
Esta situación ha bloqueado investigaciones penales ya preparadas por la FGR contra funcionarios judiciales con presuntas conductas ilegales. Sin embargo, con las reformas judiciales que están por entrar en vigor, esta barrera desaparecerá, y la Fiscalía podrá actuar no solo como autoridad investigadora, sino también en calidad de víctima, lo que permitirá iniciar procedimientos contra jueces que hayan abusado de su poder y cometido posibles delitos. Gertz Manero aseguró que ya tienen casos preparados para proceder tan pronto como la ley lo permita.
Durante la conferencia matutina presidencial, el fiscal señaló: “Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”
Estas revelaciones evidencian un problema estructural en el sistema judicial que ha favorecido la impunidad y debilitado el combate al crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la necesidad de que se cumplan los protocolos y se presenten pruebas para proceder contra jueces presuntamente vinculados con actos ilegales, mientras que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral serán las instancias encargadas de resolver denuncias relacionadas con candidatos a la elección judicial con posibles nexos con el narcotráfico.
En conjunto, las exposiciones de García Harfuch y Gertz Manero subrayan la urgencia de las reformas judiciales para garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la justicia en México.